EMPLEADOS PÚBLICOS Y CAMISAS NEGRAS

La continuada pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sector púbico y la corriente de desprestigio y culpabilización hacia la función pública que impulsada por el pensamiento neoliberal se ha instalado sutilmente en el subconsciente colectivo de la sociedad española, está provocando una ola de frustración y rabia entre los trabajadores públicos que de una parte se enfrentan, con síndrome de abstinencia, a la reducción de su participación en el atracón de consumo compulsivo y de otra ven como desciende su prestigio en el status social. 

Hartos de ser uno de los colectivos que desde el principio del ajuste
del modelo económico español “la crisis” está asumiendo reiteradamente
el adelgazamiento del estado, las últimas medidas del gobierno, que
incluyen la supresión de la paga extra de navidad, lo que significa
una rebaja efectiva del 7% del sueldo anual, el aumento de la jornada
de trabajo en 2,5 h semanales y la reducción de los días de libre
disposición, han sido para muchos de ellos la gota que ha colmado el
vaso y lo que les ha llevado a secundar masivamente las movilizaciones
que se han producido desde entonces contra los recortes. 

El hecho que buena parte de las movilizaciones hayan sido convocadas
de forma espontánea desde los centros de trabajo, la escasa presencia
de símbolos sindicales en las convocadas desde los propios sindicatos
y la proliferación de lemas y pancartas contra banqueros y políticos,
son reflejo del aumento del descrédito y rencor que hacia partidos
políticos y sindicatos han provocado las medidas de ajuste entre los
trabajadores del sector público. 

El rechazo hacia los pilares básicos de las democracias parlamentarias
y el sistema financiero, así como la convocatoria espontánea de
movilizaciones pueden invitar al optimismo y llevar a pensar que
estamos asistiendo al renacer del espíritu crítico y libertario ente
los empleados públicos. Sin embargo, un análisis más detallado de como
se están desenvolviendo los acontecimientos nos muestran que más bien
al contrario, a lo que estamos asistiendo es al desarrollo de
comportamientos seguidistas y homogeneizadores de masa típicos del
funcionamiento de las organizaciones fascistas. 

Esquizofrénica es la situación de los trabajadores públicos, rehenes
de su propia esencia constituyen la burocracia responsable de la
aplicación de los recortes, los elementos encargados de la represión
de las movilizaciones y los carceleros de la disidencia. De luto por
la agonía del mismo sistema que los esclaviza, todos a una señalando
como culpables a los partidos a los que votan, a los sindicatos en los
que militan y a los bancos de los que son accionistas, se encuentran
desconcertados, llenos de odio y con la sensación de estar
maltratados.

Hay que señalar que desde el inicio de la aplicación de las políticas
neoliberales, y las privatizaciones y recortes en servicios públicos
básicos como la sanidad y la enseñanza llevan celebrándose
movilizaciones, que con la excepción de los directamente afectados, ha
contado con escaso seguimiento entre los trabajadores públicos, que
por ejemplo secundaron muy minoritariamente la huelga general. Sin
embargo, a raíz de las medidas señaladas anteriormente que atacan
directamente a su bolsillo y a las condiciones de trabajo, se ha
producido un cambio profundo en el sentir de las movilizaciones que
ha facilitado que el seguimiento se haya generalizado. Las
concentraciones y convocatorias han dejado de ser en defensa de los
servicios públicos que se prestan y pasan a ser convocatorias difusas
y generalistas muestras de malestar en defensa de los trabajadores que
los ejercen. Esto ha permitido así que participe el grueso del
funcionariado mucho del cual sí que es partidario de los recortes y
aplaude con entusiasmo las medidas que no les afectan directamente.
Dándose la paradoja de que se manifiesten contra los recortes
partidarios de la exclusión de los inmigrantes del servicio nacional
de salud, el aumento de las horas lectivas del profesorado o las
reducciones en la prestaciones por desempleo entre otras.

Todo este proceso se está produciendo en medio del llamamiento a la
unidad de acción tanto entre los trabajadores entre centros como del
conjunto de sindicatos que muestran una vez más su falta de proyecto
político y contenido ideológico propios. Lógicamente, para mantener
este todos a una, no se están celebrado asambleas o debates en los
centro de trabajo, escamoteando la confrontación de ideas y el
análisis en profundidad, evitándose así que afloren la disparidad de
opiniones sobre lo que está sucediendo y la generación de propuestas
alternativas. La nula crítica al sistema permite que no afloren las
contradicciones y que participen con entusiasmo los funcionarios
responsables del aparato de justicia, los impuestos, la policía o los
carceleros, entre otros. El resultado final es que queda sólo la
defensa de los intereses particulares como elemento aglutinador que
favorece la inclusión de todos independientemente de su pensar. Se
enmascaran los verdaderos motivos y las distintas ideas bajo lemas
generalistas como "no a los recortes" o las distintas versiones del
tan bonito de "políticos y banqueros cabrones no nos toquéis mas los
cojones" y no se exhibe ni un solo cartel o pancarta con las
verdaderas reivindicaciones como la supresión de la paga extra o el
recorte de moscosos. La homogenización del pensamiento y la supresión
de la propia personalidad se ponen aun si cabe más de manifiesto en la
exitosa convocatoria de los viernes negros, donde se impone la
uniformación en el luto. El uniforme negro y la muerte, elementos
clásicos de la parafernalia fascista, muestran la desesperanza
provocada por la falta de otra propuesta u horizonte liberador de su
rol en la sociedad de consumo. 

En definitiva las actuales movilizaciones, lejos de cualquier
aspiración transformadora y de cambio social ni siquiera persiguen un
elemento de justicia social o de defensa de los servicios públicos,
defienden meramente el mantenimiento del status socio-económico de
unos pocos y la perduración del actual sistema del que son a la vez
subsidiados, juez, parte y aparato represor.

Sobran pues las razones para seguir practicando y expresando la
diferencia, nuestras certezas y esperanzas sin participar en la
mascarada como un borrego más. Mirando de frente la cruda realidad,
celebremos todos los días de colores la debilidad del estado,
defendamos nuestras propuestas construyendo desde el placer, la
solidaridad, y la abierta alegría.

DOSSIER: PAZ SOCIAL (III) (EKINTZA ZUZENA)

Tercera parte del dossier sobre la paz social en el estado español publicado por Ekintza Zuzena.


ACERCA DE LAS LUCHAS RECIENTES. Conflictividad difusa y fuerza de trabajo flexible
Ekintza Zuzena. Número 35.
Dossier: Paz social (III)  Parte I   Parte II Parte IV Parte V

Las reivindicaciones que acompañan a la reestructuración de los años 80 aparecen cada vez más a la defensiva. La reestructuración/reconversión limita la capacidad de intervención de los trabajadores sobre el proceso de acumulación, en al medida que los conflictos se dan fundamentalmente en sectores «obsoletos», por lo que la estrategia obrera se encamina a la consecución de la máxima indemnización ante el cierre de empresas o despidos colectivos.

Sin embargo, con la creciente especialización en el sector terciario de las economías capitalistas desarrolladas y la imposibilidad además, de deslocalizar muchos de los servicios -lo que lleva a la sobreexplotación del trabajo, con una especial incidencia en la mano de obra inmigrada y en la autóctona menos cualificada (precarización)- replantea la cuestión de la defensa de los intereses de los asalariados en una nueva situación que supera las posibilidades de la forma sindical heredada del pasado. En este sentido, no hay que confundir acción sindical con acción reivindicativa de la clase asalariada.

Con todo, el debilitamiento de la posición de la fuerza de trabajo (precarizada) dentro del proceso de producción o de prestación de servicios (falta de garantías, impunidad represiva patronal, arbitrariedades, acosos, etc.) hay que ponerlo en su nueva dimensión ya que, por otra parte, da una posición de fuerza en la sociedad terciarizada a los asalariados, en función de su actividad. Lo hemos visto en los servicios de limpieza, por ejemplo, en las empresas de la cadena de subcontratación del automóvil, en las huelgas de transportistas del sector de distribución, que ponen de manifiesto, entre otras, una forma de proletarización encubierta (autónomos).

El debilitamiento relativo también supone que «menos puedan más». Por eso, más que repetir el lugar común de la derrota de la clase obrera, se trataría de abordar las experiencias de organización del trabajo y de la conflictividad que la acompaña en estos últimos años [1]. Un pequeño colectivo de trabajadores puede ocasionar el paro en cadena del aprovisionamiento de la cadena del automóvil o en el transporte de mercancías y viajeros, lo que adopta la expresión de una especie de neocorporativismo. Sin embargo, son nuevos puntos de fuerza para una nueva estrategia de lucha (buscar el momento oportuno y el lugar oportuno) en el marco de la relación asalariada. Hay que tener en cuenta, además, que automatización de procesos y desplazamiento de actividades (deslocalizaciones) inducen a un excedente de la fuerza de trabajo en los países capitalistas desarrollados, de manera que la reivindicación del puesto de trabajo deja de “tener sentido”, como ocurre en los conflictos ocasionados por los cierres de empresas. Por eso, lo que podríamos denominar nuevas reivindicaciones de subsistencia de la población proletarizada apuntan fuera de la fábrica (del taller u oficina), es decir, un nuevo tipo de exigencias que garanticen las condiciones materiales de vida en un contexto social caracterizado por el excedente de fuerza de trabajo y las dificultades existentes para extender la mediación asalariada. En cierto modo, el capital (la relación social capitalista) realiza a su manera la abolición del trabajo. Esa aparente paradoja se materializa en la contradicción social entre las necesidades del capital y las necesidades materiales de la población proletarizada que resulta superflua, improductiva en el proceso de la acumulación de capital. Es esta una de las líneas de reflexión -y, sobre todo, de intervención- que permiten ir más allá del sindicalismo.

Ahora bien, la fragmentación de clase, inducida por la nueva organización del trabajo, hace aparecer una multiplicidad de intereses fraccionados y alianzas entre categorías asalariadas y capital contra otras (consenso productivo de sindicatos y algunas fracciones de la clase trabajadora con el capital en detrimento de otras como jóvenes, mujeres, desempleados, etc.). La capacidad de negociación depende de la posición que se ocupa y la función que se desempeña en la cadena de la acumulación de capital, tanto a escala individual, como colectiva, de ahí el carácter corporativo que adquieren los conflictos en las dos últimas décadas. Un neocorporativismo que emana de la reorganización general del trabajo y de la acumulación de capital y que «privilegia» unas funciones sobre otras, unas capas de trabajadores sobre otras, de acuerdo con su inserción en el proceso de general de acumulación de capital. El grado de fuerza y de presión para forzar acuerdos sobre el capital (o, en un plano más concreto, en la empresa) que tenga una actividad concreta dependerá del lugar que ocupe en el proceso de acumulación, del grado de criticidad de su actividad y del impacto sobre el proceso de reproducción social.

Si en la fase álgida del fordismo el epicentro de la conflictividad laboral y de clase giraba en torno al proletariado de las grandes concentraciones industriales, en la actual fase de fordismo disperso, los puntos críticos de la conflictividad se localizan en los segmentos proletarizados de la producción dispersa (cadena de subcontratación), el transporte y la logística. Los conflictos de estas dos últimas décadas son indicativos de esta realidad cambiante, que viene a dar a relativamente un pequeño número de trabajadores la posibilidad de colapsar el proceso de producción de bienes y servicios dispersos en el territorio. Sabotajes en las telecomunicaciones que paralizaron la Bolsa, huelgas de transportistas («autónomos», proletarización y sobreexplotación) que ocasionan desabastecimiento de fábricas (paralización de fábricas de automóviles) y de distribución (consumo), transporte de personas (huelgas de transportes urbanos, aeropuertos), como incluso actividades de «escaso valor añadido», como el servicio de limpieza que pueden llevar a colapsar ciudades, aeropuertos, etc. Se vive ya en una especie de reestructuración prolongada o permanente, (la globalización sin fin). En este contexto, el sindicalismo se encuentra desarmado, pues aunque haya interiorizado la lógica economicista del capital, la racionalidad de la economía del mercado que subyace a la negociación de los convenios colectivos, la reestructuración capitalista ha dado un paso más allá de los términos en que se representaba la negociación en la fase de agregación fordista. Ahora ya no se trata sólo de productividad, eje vertebrador de la estrategia de negociación sindical, sino de competitividad.

El sindicalismo tradicional incide sobre la productividad, factor clave de la fase capitalista nacional; pero con la extensión territorial de los procesos productivos, la internacionalización efectiva del capital mediante la producción transnacional de mercancías, la noción de competitividad se convierte en la categoría relevante, que va van más allá de la planta de producción. Una planta de fabricación puede tener cotas de productividad altas, más incluso que las de otra zona o país a donde se desplaza la producción, pero puede ser menos competitiva. Competitividad apunta a otros factores (logística, infraestructuras, proximidad al mercado, ventajas fiscales y financieras, demanda creciente, etc.) que apuntan al ciclo integral del negocio, a los costes integrales de la producción y comercialización de los productos y no simplemente a los costes de producción.

Por otro lado, la batalla ideológica, en paralelo a la lucha por doblegar los movimientos reivindicativos, pasa por la criminalización de las formas de respuesta de los trabajadores que se salen de las pautas establecidas (restricción derecho huelga, servicios mínimos abusivos, etc.) y tergiversación desde los media, así como ocultación de prácticas ejemplares y de victorias circunstanciales de la población asalariada. Crear una conciencia derrotista, de impotencia, de que nada se puede hacer, de que todo está controlado, etc., son tópicos que sólo sirven de autojustificación a la claudicación. Por ejemplo, los conflictos se abordan en la prensa, incluida la alternativa, en el momento de su irrupción pero rara vez se hace el seguimiento del mismo hasta el final y se sacan las conclusiones. Por lo demás, es más fácil echar mano del lugar común de la derrota de la clase obrera que intentar definir los términos de esa derrota y comprender sus implicaciones a la luz del ciclo de conflictividad en torno a la condición asalariada y de la acumulación de capital en las últimas décadas. Es en ese contexto el que se pueden evaluar experiencias e intentos de agregación fuera del puesto de trabajo (asambleas de parados, búsqueda de formas de vida «alternativas», etc.) que presentan unos rasgos de intervención -reivindicativos o no- de acuerdo con las condiciones reales de expropiación/exclusión de la población proletarizada no asalariada.

La violencia estructural que provoca la desregulación ininterrumpida de las relaciones capital/trabajo induce formas de respuesta igualmente «violentas» por parte de los trabajadores. Desregulación quiere decir un estrechamiento de los márgenes de negociación, cada vez es menos posible mantener la ficción negociadora del pacto social fordista. En este sentido, las relaciones laborales reflejan el autoritarismo del capital que, en un plano más general, se da en el resto de relaciones dentro de la sociedad. Es así como se repiten, frente a las agresiones del capital, acciones de respuesta por parte de los trabajadores que exceden el marco de la práctica sindical (ocupaciones con retención de directivos empresariales, sabotajes, etc.), es decir, prácticas de acción directa y autoorganización a pequeña escala en conflictos puntuales. Un ejemplo de esa violencia reactiva de los trabajadores -aunque no el único, desde luego-, pero que trascendió a la prensa internacional por su espectacularidad, fue la que se puso de manifiesto en el conflicto de la fábrica Cellatex (norte de Francia) el verano del año 2000, donde los trabajadores amenazaron con abrir los depósitos de almacenamiento de productos tóxicos y envenenar el río Mosela, lo que provocó la declaración por parte del gobierno de Mitterrand del estado de crisis y la apertura de una negociación de urgencia [2]. Más allá de la desesperación o impotencia que puedan expresar este tipo de acciones, las expresiones de acción directa en los conflictos se van generalizando, precisamente, como consecuencia de la segmentación y atomización de las actividades y de la fuerza de trabajo y de la inadecuación práctica del sindicalismo tradicional para encuadrarlo. Así, por ejemplo, más recientemente, entre los trabajadores hispanos de Nueva York, inmigrantes sin papeles sobre los que se ejercen todo tipo de abusos (el más corriente, no pagar el salario convenido), se han ido desarrollando prácticas de solidaridad, junto con asalariados autóctonos «legales», en las que un grupo de cincuenta o sesenta personas irrumpe en la oficina de los nuevos esclavistas y exigen el pago de los salarios atrasados [3]

Como quiera que sea, dentro del marco de las relaciones estrictamente salariales, existen experiencias dispersas, limitadas, dentro de lo que podríamos denominar un sindicalismo de base de baja intensidad en el que se buscan prácticas de solidaridad entre segmentos de la población asalariada en actividades emergentes y, particularmente en servicios, que no pueden ser deslocalizadas. Un caso ejemplar, lo tenemos en la formación espontánea y abierta de comités para apoyar la lucha de quienes se enfrentan a sus patronos en condiciones especialmente desventajosas (mujeres inmigrantes, jóvenes con contratos basura, «sin papeles», etc.), formados por gente no directamente implicada en el conflicto, pero que puede contribuir a aumentar la presión ejercida por los propios empleados (bloqueos de restaurantes, ocupaciones tácticas de hoteles, etc.) [4]

No hay en la conflictividad actual lo que podríamos decir un horizonte de transformación social parangonable al discurso de la clase obrera revolucionaria, pero eso no quiere decir que la lucha de clases haya sido superada. En los países capitalistas desarrollados estamos en el proceso de la descomposición/transformación de una forma de expresión de la humanidad proletarizada, la de la clase obrera industrial que, en buena medida se desarrolla en los países emergentes. Asistimos a una extensión de la proletarización dentro de la sociedad de servicios, donde la jerarquización de los mismos establece nuevas categorías o estatus social a las diferentes fracciones de la población asalariada. El debilitamiento de la posición del trabajo frente al capital ha puesto en evidencia, asimismo, las limitaciones de la oposición formal -ideológica- de clase que se representaba en el pacto social. La supresión de las condiciones que hacían posible el pacto por medio de la reorganización general de las actividades económicas (reestructuración) ha supuesto, junto con la disgregación social de la clase obrera industrial, la disgregación ideológica que hacía concebible una eventual emancipación por medio de la autogestión o el control obrero. Ahora, por el contrario, los términos en que se pone la relación capital/trabajo es de otro orden: a medida que se extiende la exigencia de someterse a la condición asalariada las propias condiciones de la acumulación de capital hacen que las empresas, en la búsqueda de maximizar sus beneficios, reduzcan la proporción de su fuerza de trabajo. Esta contradicción, inherente a la relación social que denominamos capital, adquiere una nueva dimensión en la actualidad y apunta los límites de la reducción de la condición humana a la condición asalariada. De hecho, los conflictos actuales, en el marco de la reestructuración permanente, se hacen expresión de la sumisión ideológica del trabajo al capital, al mismo tiempo que apuntan la necesidad de dimensionar las reivindicaciones más allá de la esfera laboral/sindical, pues exigir el derecho a trabajar es inútil, cuando lo que está en la raíz del conflicto es, precisamente, la superfluidad del trabajo (cierre y desplazamiento de la empresa, reducción de plantilla, etc.).

Sin embargo, lo que está en juego son los intereses del capital (o de una empresa concreta) frente a la supervivencia de la mercancía trabajo que se encarna en el sujeto trabajador. En la dinámica de la negociación sindical por arrancar mayores indemnizaciones está implícita esa contradicción que, a pesar de todo, sigue expresándose en términos obsoletos de «derecho al trabajo», cuando de lo que se trata, en realidad, es de la supervivencia de hombres y mujeres, y no simplemente de su perpetuación como sujeto asalariado. Es así como puede decirse que la abolición del trabajo la realiza de forma mistificada, como no puede ser de otro modo, el capital. A pesar de todo, la reivindicación sindical sigue girando en torno a la ficción ideológica de un puesto de trabajo, de una voluntad de sumisión a la condición asalariada en unas condiciones que la propia dinámica del capital rechaza. Es decir, como ocurre con el resto de mercancías, en los países capitalistas desarrollados existe una sobreproducción de la mercancía fuerza de trabajo que, en sí misma entraña una problemática que excede el marco del sindicalismo clásico.

La resolución de esta aparente paradoja es una cuestión práctica, dada la necesidad de hacer frente a las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo o, dicho de otro modo, de luchar por unas determinadas condiciones de existencia permanentemente amenazadas por las «necesidades» de la acumulación de capital. Ahora bien, enfrentar esa situación bajo la óptica sindical, significa hacerlo desde la ideología del mercado y sus categorías (IPC, productividad, competitividad, rentabilidad, nivel de vida, etc.), plegarse formalmente a la dominación ideológica del capital y de sus formas de representación (comités de empresa, legalidad, sistemas de representación piramidal, autolimitaciones en la intervención obrera, etc.). Pero no es esa solamente la tradición del movimiento obrero; existe otra que, al menos formalmente, apunta hacia la superación de las limitaciones del sindicalismo, por medio de la afirmación autónoma de los trabajadores que ponen en práctica sus propios mecanismos y dinámicas de negociación que, como en las huelgas autónomas de los años 70, no atendían a las categorías de la economía política a la hora de plantear sus reivindicaciones, sino a lo que entendían sus necesidades expresadas por sus propios medios de organización y representación. Esa línea de autonomización es la que sigue presente en muchos de los conflictos actuales, aunque de forma fragmentaria y en condiciones menos favorables que las de hace tres décadas. Desde luego, nadie está en condiciones de avanzar alternativa alguna, el tiempo de las recetas para la lucha de clases parece felizmente superado; pero de lo que no cabe duda es que si alguna hay [5], en el plano de la lucha por la supervivencia cotidiana de la población asalariada, habrá de ir en ese sentido.

Corsino Vela

[1] En el actual contexto de la acumulación de capital a escala mundial, la distorsión que provoca una eventual interrupción en cualquiera de las fases del proceso tiene un efecto desencadenante sobre el conjunto del sistema. De ahí la necesidad de poner coto a la acción reivindicativa en tanto elemento desestabilizador del proceso de negocio. Además, en el mercado abierto y mundializado se asiste un progresivo acortamiento del ciclo de negocio de las empresas. Así, la extensión e intensificación de la competencia, la producción flexible y la capacidad de respuesta a las circunstancias cambiantes del mercado exige condiciones de seguridad y fiabilidad productiva que conjuren cualquier circunstancia imprevista (paz social). Todo ello, revela, en fin, una creciente fragilidad del sistema de reproducción del capital, que se vuelve más vulnerable, porque cada vez depende en mayor medida de factores como el tiempo y la coordinación de funciones a lo largo de la cadena logística. De ahí que la subcontratación de actividades, que afecta tanto al sector industrial, como al de servicios, y la extensión a escala mundial de los procesos de producción (deslocalización), configura un mapa de la acumulación del capital que renueva los focos de la conflictividad a lo largo de la cadena productiva de bienes y servicios mundializada.

[2] Ver Échanges et Mouvement, nº 94,95 y 96

[3] Esta práctica ha sido recogida en la muy recomendable película «La Ciudad/The City», de David Ryker.

[4] En este sentido, es ilustrativa la experiencia del colectivo de solidaridad de París que, fluctuante en número de componentes, desde hace siete años apoya luchas espontáneas en los sectores más precarizados. Ver la revista La Question Sociale (www.laquestionsociale.org). También, en el mismo site, el video Remue-ménage dans la sous-traitance, sobre una lucha llevada a cabo en el servicio de limpieza de la cadena de Hoteles Accor. Existe una versión en castellano: El servicio de limpieza patas arriba.

[5] Con ello no se está insinuando que la conflictividad salarial (en torno a las condiciones inmediatas de vida) agote en sí misma la conflictividad de la sociedad capitalista. Las implicaciones de la dominación real, y total, del capital en todos los órdenes de la existencia humana no excluye, antes al contrario, a juzgar por las evidencias, que la evolución de las relaciones sociales capitalistas no comporte la aniquilación de la humanidad. Pero esta es una cuestión -bien apremiante, por lo demás- que supera, precisamente, el ámbito de este artículo.

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DOSSIER: PAZ SOCIAL (I) (EKINTZA ZUZENA)

Interesante la primera parte del dossier sobre la paz social en el estado español publicado por Ekintza Zuzena.


Entre la movilización y la paz social subvencionada (Indicaciones acerca de la situación social en el Estado Español)

Ekintza Zuzena. Número 35.

Dossier: Paz social (I)

El proceso de desactivación del movimiento de contestación social se inserta en el proceso general de desactivación de la conflictividad social que se aprecia en los diferentes países de la Unión Europea. Una desactivación que, si bien se hace ostensible en el plano general de la movilización y contestación al sistema capitalista, tiene su reverso en la proliferación de formas perversas de conflictividad de baja intensidad (violencia contra inmigrantes, contra las mujeres, intensificación del chantaje y presión psíquica y física en el lugar de trabajo, etc.) que marcan la senda de un proceso general de descomposición de expresiones sociales heredadas del ciclo de luchas del pasado reciente, mientras abren paso a una reorganización de la sociedad sobre las bases de un nuevo autoritarismo: el totalitarismo democrático.

De este modo, mediante la invocación reiterada de una categoría vaciada de contenido, la democracia, se da pábulo a una especie de estado neocorporativo en el que la colusión de intereses entre las instancias gestoras de la representación social y económica (corporaciones empresariales, partidos, sindicatos, ONGs y demás asociaciones de la denominada sociedad civil) legitima y ampara prácticamente la expropiación de los bienes colectivos (agua, territorio/espacio público), así como la explotación y exclusión de las facciones de la población asalariada con menos capacidad de defensa de sus intereses (inmigrantes, mujeres, jóvenes, ancianos, etc., que constituyen precisamente los segmentos de la población asalariada menos competitivos).

Con este trasfondo, que marca en igual medida la ruina cultural de la izquierda histórica (socialdemocrática y leninista), se ha dado rienda suelta a la imaginación discursiva postmoderna, donde la práctica del lenguaje y el gusto por el neologismo han tomado el lugar del lenguaje de la práctica, toda vez que ésta, sepultada en el proceso de transformación impulsado por la acumulación intensiva de capital de las dos últimas décadas, ha sido relegada a mera expresión formal, simbólica, lingüística, ideológica, en fin, del antagonismo. Con ello, la producción de un discurso antagonista vendría a llenar el hueco dejado por la casi total ausencia de una práctica social antagonista. Así, mientras avanza el proceso de socavamiento de las condiciones de vida (precarización), la mayor parte de la población limita su contestación a la muestra de un malestar que encuentra su satisfacción en el recambio de las figuras en el sistema de representación política. Por otra parte, la imparable devaluación intelectual de la izquierda lleva a definir como movimientos sociales la mera agregación de diferentes segmentos de opinión. Del mismo modo que confundir sindicalismo con movimiento obrero es un error interesado de ciertas formas ideologizadas de la izquierda tradicional, es un abuso de lenguaje identificar como movimientos sociales las movilizaciones de simples corrientes de opinión (contrarias a la guerra, por ejemplo). Si algún significado tiene todavía el concepto de movimiento social será en relación con su dimensión y contenido, en la medida que por su relevancia pone en entredicho la relación social existente y se hace expresión tendencial de la superación práctica de esas relaciones sociales.

La paradoja que representaron grandes movilizaciones (Nunca Mais, No a la Guerra, 11-M, etc.) y la impotencia de las multitudes remite a la creciente disparidad entre la autonomización formal y la sumisión real de la política respecto de las exigencias de la acumulación de capital. Se hace «la política que se puede hacer», como no paran de repetirnos los profesionales de la representación política o, lo que viene a ser lo mismo, se hace lo que se puede para mantener el equilibrio entre los movimientos espasmódicos del capital y sus consecuencias sociales inmediatas, y el mantenimiento de la estabilidad social necesaria para proseguir el proceso de acumulación.

Indagar en los mecanismos que hacen posible esa aparente supresión del antagonismo en la fase totalitarista democrática, discernir si nos encontramos ante la superación/supresión real del antagonismo social inherente a la condición asalariada o, por el contrario, si se trata de su encubrimiento de acuerdo con las condiciones de la fase actual de acumulación de capital, es algo que se pretende avanzar en las páginas que siguen. Y, sobre todo, abordar los mecanismos de articulación social del Estado neocorporativo del totalitarismo democrático para poner en evidencia, al menos, algunas de sus limitaciones prácticas. Si no queremos renunciar a pensar lo social tendremos, pues, que alejarnos tanto del ensimismamiento de la obviedad descriptiva de la práctica de la acumulación de capital, como de la huida que representa el discurso del rechazo meramente ideológico del mundo circundante. La elucubración discursiva acerca de la transformación social ha llevado, hasta cierto punto, a oscurecer el análisis de la práctica de la acumulación de capital, de sus tendencias y posibilidades, que son también y sobre todo, sus limitaciones. Pues, a fin de cuentas, es en el trasfondo de esas limitaciones donde se encuentran las posibilidades reales, prácticas, de cualquier intervención encaminada a modificar la situación social presente.

Desde luego, no hay una sola razón, ni una sola forma de aproximación a la cuestión, sino que son varios los indicadores que pueden ayudar a esclarecer el panorama social; en las páginas que siguen se pretende abordar algunos de los entresijos de las aparentes paradojas, comenzando por plantear el papel de la esfera de la representación política en las actuales condiciones de desarrollo del Capital. Y más concretamente, qué tipo de subjetividad política genera la población asalariada en una sociedad como la española, plenamente integrada en el circuito de acumulación transnacional de capital. Pues, a fin de cuentas, la pregunta nada retórica de cualquier indagación crítica en la sociedad capitalista es ¿de qué se vive?

A partir de ahí se puede comprender el quién y cómo de la articulación social de esa subjetividad, de su naturaleza, sus adhesiones y disensiones. Pues la dependencia que establece el régimen asalariado en su forma concreta -y compleja- dentro de la fase actual de desarrollo capitalista es la que marca el horizonte de la conflictividad social real; de ahí también que los diferentes modos que reviste la condición asalariada sea a la vez que un medio de garantizar unas determinadas condiciones materiales de vida, una forma de gestión de la conflictividad potencial que acompaña la relación asalariada. De ahí que, en cierto sentido, la respuesta a la pregunta de qué vives sea también una manera de responder a la cuestión acerca de los mecanismos de gobernabilidad puestos en pie por el capital y el estado.

Por otra parte, la forma específica de inserción en el régimen general de asalariado es la que permite avanzar en la hipótesis acerca de un eventual sujeto social capaz de dar expresión concreta a sus intereses y a la forma de enfrentarlos al capital; un sujeto que, en las actuales circunstancias, sólo se presenta como hipótesis teórica, como corresponde a la realidad práctica fragmentaria de la conflictividad difusa de la población asalariada en defensa de sus medios de subsistencia.

La paz social subvencionada

La integración del Estado Español en la Unión Europea en 1986 supuso por parte del PSOE, que había accedido al gobierno en 1982, la continuación de la reestructuración iniciada con el gobierno de UCD y la transformación de la estructura productiva española con amplias repercusiones en forma de paro masivo y desintegración social. A cambio de entregar el mercado español al capital transnacional, el país recibiría para compensar los desequilibrios, una parte sustancial del presupuesto europeo destinado a los nuevos estados adherentes. Los fondos europeos se convirtieron así en un instrumento de amortiguación de los impactos negativos de la integración y, sobre todo, en un instrumento de articulación social y política, a través de la distribución de puestos de trabajo, subvenciones y prebendas sufragados con el dinero europeo. Se forjaron de ese modo nuevas formas de adhesión a los aparatos políticos y sindicales y, en otros casos, se potenciaron los lazos tradicionales del clientelismo; es decir, se establecieron las bases de una articulación social que, al tiempo que contribuye a potenciar las inversiones y transfería al capital privado parte de los fondos recibidos, permitía atenuar los potenciales focos de conflictividad.

Si contemplamos la actividad generada por la riada de euros recibida por el estado español y las relaciones sociales que genera, nos hallamos, sin duda, con algunas de las claves de comprensión de la situación social. Desde luego, la mayor parte de esa masa de capital va a engrosar las arcas del capital privado, por medio de concesiones, contratos y subvenciones directas o a través de mecanismos indirectos (ayudas a I+D, exenciones fiscales y de pagos a la Seguridad Social, ayudas al fomento de empleo, etc.) que, a su vez, contribuyen a fomentar las fidelidades clientelares (en esto es paradigmático el caso del Prestige [1]). Si, por una parte, se produce una ofensiva contra lo público y la asistencia social, en general, por otra, hay que dilucidar cuál es la magnitud de las medidas sociales puestas en práctica, precisamente para paliar el deterioro social (PER, subsidio agrario, renta de inserción, subsidios a parados de larga duración, etc.), y cómo intervienen todas esas medidas a la hora de potenciar una determinada forma de precarización creciente, pero sostenible, del trabajo asalariado a través del denominado tercer sector, por ejemplo, o la generación de empleo para titulados universitarios desempleados en programas de formación, o los innumerables sistemas de becas, proyectos de promoción cultural, etc., impulsados desde todas las instancias de la administración y las entidades privadas. Todo ello comporta un fenómeno de encuadramiento social bajo formas asalariadas más o menos evidentes cuya financiación proviene en su mayor parte de las subvenciones públicas o de las exenciones fiscales en el caso de las entidades privadas. Y en ese espacio de encuadramiento social que incorpora un número nada despreciable de personas, es donde se producen las adhesiones y alineamientos políticos que caracterizan la forma actual del clientelismo.

Producción de entretenimiento y «tercer sector»

La inserción del Estado Español como país intermedio en la cadena productiva transnacional y la especialización en el terciario que le acompaña crea una base social improductiva, ligada a ciertas esferas de lo que en la crítica de la economía política se denominaría «producción de desperdicio» (la producción militar, pero también la cultural, espectáculos, ocio/turismo, formación, producción inducida por el estado o los gobiernos regionales, etc.), que experimenta sus limitaciones de intervención política precisamente en su condición deficitaria (depende de la plusvalía social producida), o bien periférica (de bajo nivel de valorización del capital).

Precisamente, el excedente que se transfiere a la producción cultural y de entretenimiento en los países capitalistas cumple una doble función en cuanto a activar el segmento de la economía improductiva (en una especie de keynesianismo tardío), por un lado y, por el otro, como forma de desactivar el potencial conflictivo que pudiera acarrear el paro masivo. Es en este contexto en el que hay que entender las políticas de subvenciones, programas asistenciales y fomento de la producción cultural en los países hegemónicos del centro capitalista; expresiones todas ellas de lo que podríamos denominar welfare [2] oculto, pues aunque la evolución reciente del capital desmonta el welfare al estilo de lo que se conocía en los años sesenta, no es menos cierto que articula otras formas de prevención y contención de la conflictividad que garanticen un relativo bienestar a la población precarizada. Además, este welfare oculto es selectivo, ya que en buena medida se accede a la condición de beneficiario por medio de relaciones personales, de participación y pertenencia, al partido gobernante en el ayuntamiento o al sindicato, por ejemplo, lo que forja vínculos clientelares, a diferencia del carácter universal, de cobertura generalizada y de acceso más abierto del sistema de welfare de los años sesenta.

El sistema de financiación de las adhesiones políticas potenciado desde las instituciones públicas y desde las entidades privadas beneficiarias de los fondos europeos, lo que no deja de ser una forma de privatización de la plusvalía social transferida al capital privado, complejiza las relaciones de clase respecto a la fase capitalista precedente. Se genera, así, una relación asalariada menos homogénea de lo que pudiera parecer en la sociedad industrial expansiva, que da origen a una amplia capa de población asalariada cuya función en el orden productivo (reproductivo) es menos crítica o se convierte, simplemente, en improductiva, mientras que, al mismo tiempo, los sectores críticos en el proceso de reproducción capitalista, que cuentan entre sus componentes con amplios sectores de la clase trabajadora tradicional (encuadrada en sindicatos), sustentan el «consenso productivo», según feliz expresión del gerente de uno de los llamados sindicatos mayoritarios. Y la construcción práctica de ese consenso, que separa los segmentos de la población asalariada que son clave en el proceso de acumulación, de quienes se encuentran en la esfera de la reproducción social, no es una cuestión sin importancia.

Dado el desarrollo del denominado tercer sector en los países capitalistas desarrollados, hay que contemplarlo en la doble dimensión de su importancia social y «productiva»; es decir, en tanto forma de encuadramiento de una determinada masa de población que «trabaja» en la esfera asistencial y la solidaridad internacional y establece una determinada relación de dependencia financiera con el Estado, las instituciones privadas del capital (fundaciones), y en tanto sector deficitario que detrae capital a la inversión directamente productiva. El denominado tercer sector es una esfera de actividad que, en un sentido restrictivo, se puede circunscribir (informe de Esade) a las ONG involucradas en las actividades de cooperación con otros países y que en el año 2000, por ejemplo, obtuvo una financiación superior a los 87.000 millones de ptas.

Ahora bien, si a ese tercer sector añadimos las actividades culturales, los servicios asistenciales en los países del centro capitalista, la producción de entretenimiento, los servicios de escaso valor añadido, nos encontramos con un indicador del agravamiento del déficit público y de gasto ineficiente para el capital (de ahí las peticiones de recortes desde las patronales), aunque también -de ahí su ambivalencia- tiene una función decisiva en el plano de la reproducción social, además de ser un medio de abaratamiento de los servicios sociales, y un elemento importante de encuadramiento de una fuerza de trabajo no aprovechable en la esfera directamente productiva.

El crecimiento del tercer sector en los países capitalistas desarrollados hay que entenderlo, pues, como un mal necesario para el Capital, y una expresión del desempleo encubierto, en la medida en que funciona como paliativo a la degradación general de las condiciones de vida de la población menos competitiva (asistencialismo) y como área de encuadramiento de una parte de la población cualificada (técnicos, gestores, animadores, etc.) que encuentran en el tercer sector una salida de subempleo más o menos precarizado.

Precisamente, porque el tercer sector es un dispositivo de atenuación de los desequilibrios sociales, se presenta como una forma problemática de financiación de la paz social pues si, por una parte, contribuye a abaratar los servicios de asistencia social y la producción de entretenimiento, además de constituir una base de fidelización de una masa de población (la directamente asistida y la «asistente», que encuentra su medio de vida en esa forma asalariada), por otra, no puede evitar aparecer como un factor de gasto social ineficiente, ya que la parte de riqueza social que se transfiera a esas actividades tendrá un impacto directo sobre la masa de capital acumulada. Eso explica las preocupaciones del capital privado por el incremento del déficit...

Mención aparte merece el voluntariado -aunque una parte del tercer sector también es trabajo voluntario, no pagado- o la recuperación de la solidaridad activa asistencial por parte del capital y el Estado, en la forma de ahorro efectivo del gasto público, mediante la aportación voluntaria y desinteresada de trabajo social no remunerado en actividades no productivas o rentables para el capital privado. Según el estudio del ATD Fourth World, a comienzos de esta década se ha evaluado entre el 8% y el 14% del PIB de diferentes países la aportación del trabajo voluntario. Aunque no contemplados en el ámbito del denominado tercer sector, pero también partícipes indirectos en éste, a través de los programas de formación y, especialmente, en razón a su propia naturaleza, están los sindicatos, así como otras instituciones de representación y gestión (asociaciones de vecinos). Los aparatos sindicales, como instituciones integradas en el sistema de representación y gestión de la fuerza de trabajo, constituyen en sí mismos un modo de empleo. ¿Cuántas personas, entre profesionales de la representación (burócratas) y empleados (administrativos), dependen económicamente de los sindicatos?, ¿cuál es el número de beneficiarios de las prebendas que generan los diferentes niveles de representación (horas sindicales) y que representan una oportunidad profesional para antiguos obreros que dejan la planta de producción para vegetar en los despachos y en el compadreo con los directivos de las empresas? ¿No se trata, por lo demás, de un sector social, cuantitativamente relevante cuyos intereses económicos y profesionales dependen directamente vinculados al Estado (subvenciones) y a la estructura de representación vinculada a la nueva organización del trabajo que, hegemonizada por el capital, se deriva de la reestructuración productiva de los años ochenta? ¿A quien puede sorprender, por tanto, el consenso productivo y el alineamiento de los sindicatos mayoritarios con el frente del orden capitalista?

Precarizados sí, pero ¿qué precarización?

Precarización es un vocablo que ha hecho fortuna en la literatura izquierdista, aunque el uso abusivo de la palabra ha llevado a un creciente oscurecimiento del concepto. ¿A qué nos referimos exactamente cuando decimos precarización? ¿Nos estamos refiriendo a las condiciones jurídicas de contratación (a su temporalidad, informalidad o inexistencia)? ¿A la reducción de los salarios de jóvenes y mujeres en las nuevas contrataciones (doble escala salarial), respecto a los salarios de los viejos/ hombres asalariados? ¿Las condiciones laborales de los jornaleros? ¿La de los inmigrantes? ¿Al subempleo? ¿La situación asociada a los empleos menos pagados?, etc. Quizás a todo ello a la vez, aunque el exceso de generalización que comporta el término precarización hace necesaria la matización y el análisis del fenómeno si queremos entender el carácter ambiguo y hasta contradictorio del término. Desde luego, se puede considerar la precarización como una tendencia del régimen asalariado encaminada a desarticular la agregación de la población trabajadora heredada del pasado, y a evitar su eventual recomposición. En este sentido, los mecanismos puestos en marcha son de todo tipo: jurídico-contractuales, técnicos (organización jerarquizada del trabajo y las tareas) y remunerativos (disgregación y discriminación salarial). Sin embargo, quedarse ahí serviría de muy poco. Por otro lado, asociar precarización a inestabilidad/dificultad a la hora de acceder a los medios y recursos para garantizar las condiciones de existencia de los individuos avanza en el terreno de la realidad existencial de la gente y, en este sentido, es el que se debería profundizar para evitar generalizaciones, así como para desentrañar los dispositivos puestos en pie desde las instituciones para paliar, e incluso recuperar, el deterioro rampante de las condiciones de vida de una parte de la población asalariada.

No es lo mismo inmigrante (con papeles/contrato) que el sin papeles, ni el inmigrante con contrato que el autóctono, ni la precarización de los jornaleros andaluces, las mujeres de baja cualificación o los hombres parados mayores de cuarenta años puede compararse con la precarización de los becarios e investigadores académicos o la precarización deseada de los profesionales de alta cualificación (informáticos, consultores, artistas y creativos). Tampoco con el/la joven que, gozando de una beca de intercambio universitario, trabaja temporalmente en el sector servicios para obtener un poco de dinero con el que complementar la beca y alargar una estancia provisional en otro país. Son esas diferencias las que marcan la línea de disgregación real de la tendencia que afecta a la población precarizada. Además, y es otra de las líneas de análisis que hay que tener en cuenta, la precarización no afecta solamente al proceso productivo, sino a todo el ámbito de la reproducción y los servicios. Y aquí entraría la estrategia de expropiación que supone la privatización o mercantilización de bienes comunes, como el agua o el territorio (espacio público privatizado) y el papel que representa la izquierda institucional consagrando el precio de tales bienes (nueva cultura del agua, por ejemplo).

Esta capacidad de generar una gran variedad de situaciones de hecho es lo que ha dado flexibilidad y versatilidad al sistema de reproducción social capitalista en su fase actual en las regiones hegemónicas euro-norteamericanas, mientras exporta las formas de agregación productiva fordista hacia los países de nueva industrialización. Y es en las contradicciones generadas en ese contexto de flexibilidad y mecanismos de contención de la precarización en las que nos movemos. Por eso constatar la tendencia a la precarización sería sólo una parte del problema si no se abordan también los paliativos o contratendencias que, como en el caso de los fondos europeos o el denominado tercer sector es necesario elucidar, precisamente para señalar sus limitaciones y, en consecuencia, unas eventuales líneas de intervención. Renovar el consenso productivo y relanzar los beneficios del capital

De los mecanismos y estrategias de financiación para garantizar la gobernabilidad y la paz social mencionados más arriba puede decirse que se trata de una especie de pacto social tácito que, al concernir fundamentalmente al terreno de la reproducción (asistencia social, producción cultural, negocio del entretenimiento, servicios personales, etc.), aparece como un factor complementario del pacto social que sustenta el consenso productivo, en la medida que actúa como contratendencia a la dinámica de deterioro social que se deriva del consenso productivo.

La aceleración del ciclo de negocio señala, igualmente, un acortamiento tendencial en el ciclo de acumulación del capital que exige una profundización en las reformas hasta ahora llevadas a cabo en el mercado de trabajo. Desde diversas instancias del Gobierno, patronal y sindicatos se invoca la necesidad de un nuevo pacto por la competitividad que garantice una cuota de acumulación para que las empresas sean «competitivas».

Otros dos aspectos cruciales de la intervención sobre el régimen asalariado son el abaratamiento de los despidos (las indemnizaciones y la agilización de los trámites) y la reducción de las cotizaciones patronales a la Seguridad Social. Una vez más el consenso productivo se puso en marcha y el secretario general de CCOO, en una intervención en la FAES, fundación del PP presidida por Aznar, manifestaba su predisposición a negociar que parte de los excedentes que acumula la Seguridad Social sirvieran para la financiación de una rebaja de las cotizaciones sociales. El abaratamiento del despido ya fue firmado por los sindicatos en 1997 (33 días por año trabajado), pero la patronal exige una nueva reducción, de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE. Por si no hubiera bastante, el consenso productivo de patronal y sindicatos se hizo patente, una vez más, al aceptar éstos contenciones salariales en las negociaciones de los convenios a cambio de que las empresas aumenten sus inversiones en I+D+i. En resumidas cuentas, el consenso productivo, en la medida en que legitima y da cobertura práctica a las deslocalizaciones, también contribuye a precarizar las condiciones de trabajo del sector «garantizado» de la clase trabajadora (funcionariado, trabajadores sindicados, etc.) y de la que es una prueba la tendencia a la disminución del salario real (e incluso el nominal para nuevas contrataciones) que, en el plano general, se hace patente en la caída de la participación de los salarios en la renta nacional.

Desde luego, los límites de estas líneas de actuación no se encuentran en la voluntad particular de los integrantes del consenso productivo sustentado por las fuerzas gestoras del capital y la población asalariada encuadrada en los sindicatos, sino en las posibilidades de mantenimiento de ese consenso productivo frente a los intereses del resto de población trabajadora. Y ahí es donde entran en juego los paliativos de la paz social subvencionada de que se hablaba anteriormente; una paz social cuyo coste de equilibrio repercute sobre el déficit público y que se nutre de mecanismos monetarios de peligrosos efectos ocultos, como es el caso de esa bomba de relojería que es el endeudamiento privado, que alcanza al 70% del PIB (a finales de 2007 había aumentado hasta cerca del 90%). La política seguida en estos años de dinero barato para vivir del crédito (hipotecario, créditos al consumo, etc.) ha servido para ocultar y diferir en el tiempo la disminución real de los ingresos salariales y de los ahorros acumulados por la población trabajadora. Por supuesto, podría aducirse desde la economía política que los márgenes de intervención en el sentido de atajar la burbuja del endeudamiento son considerables; dicho en otras palabras, en las sociedades opulentas del centro capitalista en que vivimos, existen unos márgenes amplios de empobrecimiento de una parte de la población sin que conlleve necesariamente una convulsión social; no obstante, la cuestión es cómo apurar esos márgenes de empobrecimiento sin que haya una caída del consumo, variable fundamental del crecimiento en la economía capitalista. Claro que la respuesta no está en las categorías de la economía política sino, precisamente, en la crítica práctica de la economía política. De ahí la necesidad de prestar una especial atención a los mecanismos de contención puestos en pie por la política económica para hacer frente, precisamente, a una eventual crítica práctica de la economía política. Pues, a fin de cuentas, es en las limitaciones materiales de esas iniciativas de contención que configuran las políticas socioeconómicas de los gobiernos capitalistas donde se evidencian las líneas de fisura y, por tanto, las posibilidades reales de la intervención en un sentido transformador de las relaciones sociales.

Corsino Vela

[1] A los pocos días de la catástrofe del Prestige, con la aprobación de las primeras subvenciones, las cofradías de pescadores empezaban a desvincularse del movimiento de protesta, pues los pescadores ganaban más con el subsidio que les otorgaban los caciques gestores de los fondos públicos que saliendo a faenar.

[2] Estado de Bienestar.

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